Se debate la responsabilidad del Poder Judicial en la inseguridad, enfocándose en la Provincia de Buenos Aires. Se critica la designación de fiscales y jueces, a menudo por propuesta de intendentes y con designación del gobernador, lo que podría generar una tendencia a ser "benignos con los internos".
Se mencionan casos como el de la jueza Marta Pascual y el del menor Hugo Maguilera, donde se cuestionan las sentencias o beneficios otorgados, sugiriendo un "criterio garantista" que podría estar en conflicto con la seguridad pública. Se alude a que estas decisiones judiciales podrían estar influenciadas por consideraciones políticas.