Se denuncia que muchos dirigentes políticos jubilados cobran entre 16 y 20 millones de pesos mensuales, mientras que la mayoría de los jubilados percibe sumas considerablemente menores.
Se cuestiona por qué los políticos necesitarían suchas sumas para vivir como jubilados, y se plantea que se creen superiores al resto de la ciudadanía, olvidando su rol de servidores públicos.
Se critica la desigualdad y los privilegios en el sistema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos.