Se debate un proyecto de ley que busca ofrecer una instancia de mediación gratuita para personas endeudadas, con el objetivo de equilibrar la cancha ante situaciones de profunda asimetría financiera.
La iniciativa toma elementos de la regulación bancaria existente, que ha permitido a los bancos mantener bajas tasas de mora, y propone un mecanismo de revisión de deudas sin costo para el individuo, a diferencia de los procesos judiciales que implican costas de abogados.
Se argumenta que la usura está penalizada y que un fallo reciente de la Justicia Federal de Mendoza establece el concepto de "esfuerzo compartido" en créditos, basándose en la buena fe comercial. Se busca evitar que la gente se vea ahogada por el reclamo simultáneo de múltiples deudas, ofreciendo previsibilidad y la posibilidad de ordenarse para pagar.
Un dato relevante es que el 40% de las personas en situación de morosidad tienen menos de 25 años, lo que subraya la necesidad de una "segunda oportunidad". Se critica que deudas relativamente bajas, como 100 o 200 mil pesos, puedan dejar a personas fuera del sistema financiero por años.