Se critica al gobierno nacional por su supuesta desidia en materia de seguridad, argumentando que desatiende el problema y lo traslada a las provincias. Se señala que la inseguridad no es el principal problema, sino la economía, y que el gobierno busca revincularse con su electorado a través de este tema.
Se cuestiona la falta de acción del gobierno nacional en áreas como el narcotráfico y la compra de patrulleros, así como la reducción de sueldos en las fuerzas federales. Se contrasta esto con la gestión provincial, que afirma haber aumentado la cantidad de presos e invertido en seguridad, logrando esclarecer el 98% de los delitos.
Se denuncia que el gobierno nacional adeuda fondos a la provincia para la construcción de plazas carcelarias y la implementación de leyes, además de haberle sacado el fondo de seguridad. Se acusa al gobierno de financiar campañas de desinformación sobre la delincuencia y de tener una actitud cínica ante la situación.