Se argumenta que la aplicación estricta de la ley, incluyendo altas tasas de encarcelamiento, es fundamental para la seguridad en países ordenados. Se compara la situación de Argentina con Chile y Uruguay, donde se aplican penas más severas y hay mayor cantidad de presos, resultando en menores tasas de delitos.
Se sostiene que mantener a los homicidas en prisión, independientemente de su edad, previene que sigan cometiendo crímenes. Se cuestiona la efectividad de la rehabilitación en las cárceles y se enfatiza que el castigo es una parte esencial del sistema para disuadir el delito.