La causa "Sueños Compartidos" se perfila como una de las emblemáticas del kirchnerismo, investigando un presunto desfalco de 206 millones de pesos (equivalentes a unos 830 millones de dólares de la época, o 51 millones de dólares actuales) destinados a viviendas para los más necesitados.
Sergio Soclender, principal imputado, defendió el programa argumentando que la política se entrometió y desvió fondos para campañas. El proceso judicial ha sido extenso, con demoras significativas, al punto que Ede Bonafini, también involucrada, falleció antes de poder ser juzgada.