Se cuestiona la postura del gobierno nacional, que parece desentenderse de la problemática de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires, atribuyéndola a las jurisdicciones locales.
Se argumenta que el gobierno nacional está manipulando la información sobre la inseguridad para generar una falsa sensación de mejora, mientras los datos muestran una reducción de homicidios en comparación con la gestión anterior.
Se critica la decisión de bajar la imputabilidad de menores sin un plan integral de resocialización y se señala que la provincia de Buenos Aires ya cuenta con un sistema para abordar estos casos.
Se acusa al gobierno nacional de desfinanciar las políticas de seguridad y de criticar a la provincia mientras no asume su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y la inversión en fuerzas federales.