Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, relanzó su agenda sobre la Cuestión Malvinas con un paquete de medidas que incluye sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el refuerzo del presupuesto de defensa.
Se formalizaron estas decisiones mediante DNU y decretos que designan a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley de penalidades para actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin permiso. El Reino Unido reaccionó a las declaraciones de Trump, sugiriendo una posible presión por parte de EE.UU. debido a la negativa británica de apoyar a Trump en la guerra de Oriente Medio.