La opinión popular sobre la suspensión de la baja de la edad de imputabilidad es mayoritariamente en contra. Los ciudadanos consideran que la jueza obró incorrectamente y que los menores que cometen delitos deberían ser detenidos y juzgados.
Se expresa la necesidad de que la justicia actúe de manera más contundente frente a la delincuencia juvenil, y se cuestiona la efectividad de las medidas actuales.