La jueza Marta Pascual ha sido criticada por extralimitarse en sus funciones al suspender la aplicación de la ley de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires. Se argumenta que la jueza responde a intereses políticos del gobernador Kicillof y Cascallares, ampliando la medida a toda la provincia sin tener la potestad para hacerlo.
La ley, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, fue aprobada tras un largo proceso legislativo y responde a la necesidad de abordar la creciente delincuencia juvenil. Brasil, con 12 años, es mencionado como ejemplo de un país con una edad de imputabilidad menor.
Se cuestiona la falta de infraestructura y planificación por parte del Poder Ejecutivo para implementar la ley, lo que ha llevado a la saturación del sistema policial y penitenciario. La ausencia de lugares adecuados para la contención de menores infractores agrava la problemática.