Se señaló que el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es estructural y de larga data, remontándose a décadas atrás.
Se criticó la tendencia de los funcionarios a culpar a otros actores políticos o a la situación general, en lugar de asumir su responsabilidad.
Se enfatizó la necesidad de políticas públicas concretas y efectivas para abordar un problema que afecta a la sociedad desde hace mucho tiempo.