Se debate la supuesta falta de inversión en seguridad y la mala gestión de los recursos en la provincia de Buenos Aires, desmintiendo los argumentos de que el gobierno nacional desfinanció las jurisdicciones. Se señala que Kicillof gasta millones en aviones personales mientras faltan recursos para institutos de menores.
Se critica la postura de funcionarios como Alonso y la jueza Pascual, quienes minimizan el problema de la inseguridad y ofrecen estadísticas falsas. Se enfatiza que la provincia tiene autonomía para gestionar su sistema penitenciario y que la falta de acción es una decisión política.
Se cuestiona la falta de reconocimiento del problema por parte de los gobiernos provincial y de los intendentes, quienes priorizan la campaña electoral y la relación con barras bravas y narcos en lugar de abordar la inseguridad. Se compara la situación con la de otros países de Latinoamérica.