Se analiza la postura de la jueza Pascual sobre la ley de baja de imputabilidad, quien considera que no se deben aplicar penas a menores de 16 años argumentando que no están dadas las condiciones y que los tratados internacionales establecen los 18 años como edad de imputabilidad.
Se critica esta postura, señalando que en la provincia de Buenos Aires ya existen menores de 16 años privados de libertad y que la jueza no debería intervenir en decisiones legislativas. Se argumenta que esta postura genera una sensación de inseguridad en la ciudadanía.