La decisión de una jueza de suspender la baja de la imputabilidad a menores ha generado un fuerte debate y polémica en Buenos Aires. La magistrada, criticada por su postura, enfrenta el descontento de sectores que consideran que la medida no responde a las necesidades de la población.
Se cuestiona que la jueza actúe con un "sesgo ideológico", desconociendo la realidad social y la inseguridad que afecta a los ciudadanos. La falta de respuesta del Estado en materia de seguridad lleva a que los vecinos se vean obligados a tomar recaudos por su cuenta.
La situación se agrava ante la percepción de que los menores que delinquen no enfrentan consecuencias reales, lo que genera un clima de impunidad. Se critica el alto sueldo de los funcionarios judiciales y su aparente desconexión con la sociedad, mientras la gente común vive con incertidumbre.
El gobernador, ante la reacción popular, habría decidido no respaldar públicamente a la jueza, dejándola expuesta. La interna política en la provincia se refleja en las decisiones judiciales, afectando a la población que solo busca seguridad y tranquilidad.