Se debatió la suspensión de la ley penal juvenil por parte de una jueza en la provincia de Buenos Aires, lo que generó indignación y debate sobre la inseguridad.
La jueza Marta Pascual aceptó un habeas corpus y suspendió la ley, medida que fue calificada como "indignante" por el fiscal Eduardo Riquezme y el abogado Nicolás Sabo, quienes la consideraron alejada de la realidad y un obstáculo para combatir el crimen.
Los panelistas señalaron que la ley, si bien busca abordar la criminalidad violenta, también presenta aspectos positivos como el límite de edad para la imputabilidad. Se cuestionó la decisión de la jueza de suspender la ley a nivel provincial, argumentando que excede sus potestades y va en contra de la voluntad del poder legislativo.
Nico Sabo, cuya familia fue víctima de un crimen, expresó que la baja de la imputabilidad, aunque no retroactiva, genera esperanza para el futuro y considera necesario que los menores que cometen delitos sean juzgados, dada la gravedad de actos como el asesinato, que equiparó a un robo de celular.