Se debate la polémica medida de una jueza de Loma de Zamora, Marta Pascual, quien solicitó suspender por 60 días la aplicación del régimen penal juvenil. La jueza argumenta que los centros de detención no cumplen con las condiciones adecuadas.
El ex juez de La Matanza, Alfredo Drochi, criticó duramente la decisión, calificándola de "atentado al orden constitucional" y argumentando que una jueza provincial no puede suspender una ley nacional. Señaló que la jueza se extralimitó en sus funciones al intentar legislar.
La medida de la jueza ha generado indignación, especialmente por sus declaraciones sobre el caso de Kim Gómez, una niña víctima de asesinato, donde pareció minimizar la gravedad del hecho. Se cuestiona su imparcialidad y la romantización de la delincuencia.
Se remarca que la ley penal juvenil fue debatida y aprobada por el Congreso Nacional hace años, y que la provincia de Buenos Aires tuvo un plazo para adecuar las instalaciones. La suspensión de último momento es vista como una maniobra política o ideológica.