Se discute la ley de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires, que establece la edad mínima en 14 años, considerada razonable en comparación con otros países de la región como Brasil (12 años).
Se señala que la ley fue producto de un amplio debate legislativo y responde a una necesidad social, a pesar de las críticas. La implementación de la ley se ve obstaculizada por la falta de adecuación del Poder Ejecutivo y la infraestructura existente para la contención de menores.