Se enfatizó la importancia de reconocer y aplaudir las buenas gestiones en materia de seguridad, independientemente del signo político del gobierno.
Se expresó la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas a la ciudadanía y se pongan en el lugar de la gente.
Se marcó la diferencia entre juzgar las acciones por su eficacia y por la ideología política, abogando por un enfoque pragmático en la gestión de la seguridad.