Se informa sobre acuerdos entre las fuerzas mayoritarias (La Libertad Avanza, PRO, Peronismo) para designar al procurador general de la Ciudad de Buenos Aires y transferir la justicia nacional laboral a la órbita de la ciudad.
Se critica esta medida, señalando que ha sido resistida históricamente por abogados y trabajadores, ya que el poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires estaría controlado por Mauricio Macri. Se considera que estos acuerdos son un pago "al contado" para obtener jueces afines y favorecer la liberación de causas.