Se cuestiona la aplicacion de la ley de baja de imputabilidad en Argentina, a pesar de haber sido aprobada por el Poder Legislativo.
La jueza Pascual ha manifestado que no se dan las condiciones para aplicarla, generando debate sobre la inaccion de funcionarios judiciales y politicos.
La ciudadania expresa su frustracion ante la falta de castigo para los delincuentes, lo que genera una sociedad propensa a reaccionar ante la inseguridad.