Se debate la efectividad y la implementación de la ley del régimen penal juvenil en Argentina. La normativa, que permite a los jueces dictar medidas para menores de 16 años, existe a nivel nacional pero presenta problemas en su aplicación práctica.
Uno de los principales obstáculos es la falta de partidas presupuestarias específicas. La ley preveía la asignación de 24 mil millones de pesos al Ministerio de Justicia de la Nación para su implementación, pero la provincia de Buenos Aires no ha recibido fondos. Esto genera un desfasaje, ya que la ley requiere más institutos, jueces, fiscales y equipos interdisciplinarios.
Otro problema es la presencia de adultos en institutos de menores. Personas de 19 y 20 años que cometieron delitos siendo menores continúan cumpliendo condena en estos centros, colapsando el sistema. Se plantea la necesidad de trasladarlos a unidades carcelarias de adultos para liberar cupos.
Además, la ley establece un límite de 15 años de reclusión, lo que podría beneficiar a menores condenados a 20 o 25 años por delitos graves como el asesinato, generando preocupación sobre la impunidad.