Se señala la existencia de desarmaderos en la Provincia de Buenos Aires, vinculados a negocios ilícitos y corrupción.
Se acusa al kirchnerismo de beneficiarse de esta situación, mencionando incluso que los presos votan por este espacio político, lo cual estaría permitido por la justicia.
Se argumenta que este negocio ilícito genera grandes ganancias y que la falta de acción política y judicial permite su continuidad.