El Gobierno argentino ha reafirmado la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas como una política de Estado, buscando endurecer las penas relacionadas con esta causa.
Esta iniciativa surge tras una encuesta que revela un índice de imagen presidencial inferior al 30%, sugiriendo una estrategia para capitalizar el sentimiento nacionalista.
Se observa una tendencia a reflotar la cuestión Malvinas en un contexto de "onda hipersensible", buscando generar un impacto positivo en la opinión pública.