Se cuestiona la postura del gobierno de Javier Milei respecto al cumplimiento de la ley, señalando que el presidente ha manifestado su desacuerdo con leyes aprobadas por el Congreso, como la de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica.
La argumentación se centra en la supuesta contradicción del gobierno al exigir el cumplimiento de la ley mientras él mismo incumple aquellas que no comparte. Se critica la visión "garantista" que, según el análisis, tiende a victimizar a ciertos sectores de la sociedad, presentándolos como dependientes de un sistema o de una sociedad "mala".