Se plantea la hipótesis de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría simpatizar con los delincuentes o evitar confrontarlos por conveniencia ideológica o política. Se sugiere que la prioridad del gobierno es el manejo de recursos económicos, destinándolos a pautas y propaganda en lugar de a la seguridad.
Se argumenta que beneficiar a los presos con teléfonos y visitas constantes les otorga poder de voto, lo que beneficia a los funcionarios en las elecciones. Esta dinámica genera un ciclo donde el sistema carcelario parece favorecer a los reclusos y sus intereses políticos.