La jueza Pascual explica que los tratados internacionales establecen la mayoria de edad penal a los 18 años, aunque cada país puede definirla.
Señala que en la Provincia de Buenos Aires ya se aplican penas a menores de 16 años, con alrededor de 100 privados de libertad.
Cuestiona la efectividad de encarcelar a menores, argumentando que no genera mayor seguridad y que la ley de imputabilidad no resolverá el problema.