La jueza Pascual ha emitido una decisión que genera controversia y debate sobre la gestión provincial. Se cuestiona si la jueza está asumiendo un rol de Poder Ejecutivo al tomar determinaciones sobre infraestructura y asistencia al gobernador Axel Kicillof.
La falta de recursos y la asistencia al gobernador son señalados como impedimentos para acelerar y concretar planes de obras en un plazo de 180 días. Esto lleva a la interpretación de que el gobierno provincial estaría, en parte, dando la razón a la jueza en sus reclamos.
La jueza Pascual ha señalado la falta de infraestructura adecuada para la detención de jóvenes y ha reclamado mejoras en aspectos como el agua y la alimentación. Ante esta situación, se plantean dos opciones: dejar a los jóvenes en la calle o internarlos en institutos, con el riesgo de que puedan reincidir en delitos graves.