Se critica la decisión de una jueza de dejar sin efecto la ley de imputabilidad aprobada por el Congreso, suspendiendo su vigencia en la Provincia de Buenos Aires. Esta medida, tomada a pesar de que la ley había sido publicada en el Boletín Oficial y contaba con un plazo de seis meses para adecuaciones, genera "inseguridad jurídica y judicial".
Se argumenta que la nueva ley derogaba a la anterior, pero al suspenderse la actual, se crea un vacío legal donde no aplica ni la vieja ni la nueva ley. Se sugiere la "connivencia del poder político" en esta situación, ya que nadie ha reaccionado ante esta medida que consideran de "gravedad institucional inusitada". Se señala que esta incertidumbre no beneficia a nadie y que la provincia de Buenos Aires, con el 40% de las causas penales del país, enfrenta un problema mayúsculo.