El problema de la vivienda en España es crónico y transversal. La respuesta institucional del gobierno central se articuló inicialmente en torno a la regulación del mercado del alquiler y la protección de inquilinos mediante la ley por el derecho a la vivienda.
Sin embargo, sociólogos y economistas coinciden en que estas intervenciones resultan insuficientes si no van acompañadas de una inyección masiva de vivienda pública y asequible. Un proceso lento cuyos frutos requieren inversión sostenida a largo plazo.
Ante el clamor social, el debate institucional se centra ahora en la movilización de suelo público, incentivos a la promoción asequible y a la regulación de los pisos turísticos. No obstante, la solución requiere cooperación intraadministrativa, ya que las comunidades autónomas y las corporaciones locales ostentan las competencias reales para agilizar licencias, modificar planes generales de ordenación urbana e incrementar la oferta. Los desacuerdos políticos entre administraciones de distinto color paralizan a menudo estas acciones.