El gobierno es acusado de utilizar la temática de la discapacidad como una cuestión política, con el único objetivo de llevar a cabo un ajuste y desinteresarse por las personas con discapacidad.
Se critica la falta de cumplimiento por parte del ejecutivo de los fallos judiciales y la ley de emergencia en discapacidad.
Se argumenta que los argentinos se endeudan porque sus ingresos y salarios no les alcanzan para afrontar la vida cotidiana, y que el gobierno no se preocupa por esta situación.