Se analiza la situación legal de Cristina Fernández de Kirchner y el pedido internacional relacionado con su condena. Se cuestiona el proceso judicial, que ha pasado por más de 15 jueces y llegó a la Corte Suprema, señalando que muchos de los magistrados habrían sido designados por el propio kirchnerismo.
Se discute la pena de inhabilitación perpetua, prevista para el delito de funcionario público, que implica prisión y la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Se debate si esta accesoria de inhabilitación debe ser perpetua y si es procedente que la ONU intervenga en un caso que ya ha recorrido todas las instancias judiciales argentinas.
El análisis sugiere que la defensa busca crear una nueva instancia a través de un tribunal internacional, lo cual no sería legítimo ni aceptado por el sistema judicial argentino. Se considera que la estrategia de victimización de Cristina Kirchner ha tenido un gran efecto político, pero jurídicamente no se espera un cambio en la condena.