Se discute la necesidad de reformar el sistema judicial para abordar eficazmente la corrupción y el crimen organizado. Se menciona la importancia de la tecnología, la procuración, la defensoría, la seguridad, la UIF y el Cedronar como áreas clave a fortalecer.
Se destaca la opinión del juez Gorini sobre la necesidad de ir sobre los bienes de los delincuentes desde el inicio del proceso, en lugar de esperar a una condena firme. La idea es secuestrar los bienes de manera inmediata para evitar que los acusados se beneficien de ellos.
Se argumenta que es ilógico esperar años para rematar los bienes de personas involucradas en narcotráfico o trata de personas, cuando la justicia debería actuar de forma más rápida. Si un acusado es absuelto, se le devolverían sus bienes.