Se cuestiona la condena a Cristina Kirchner, argumentando que la responsabilidad penal directa de la ex presidenta en el caso vialidad es dudosa.
Se señala la desproporción de la proscripción política y se critica la falta de claridad en el involucramiento personal de la ex presidenta en las decisiones de la Dirección de Vialidad.
Se menciona que, según el ordenamiento jurídico argentino, la responsabilidad de la administración recae en el jefe de gabinete, no directamente en el presidente.
Se sugiere que la discusión sobre corrupción debe basarse en hechos concretos y no en interpretaciones que puedan llevar a la persecución política.