El Congreso aprobó en una maratónica sesión nuevas leyes que endurecen las penas para el vandalismo rural y agilizan los procesos de desalojo.
En cuanto al vandalismo rural, se establecieron penas de hasta 10 años de prisión, con agravantes si la acción es coordinada por tres o más personas.
Respecto a los desalojos, se implementará un juicio sumarísimo que obliga a los jueces a actuar en un plazo de 10 días, con intervención estatal en casos de menores, ancianos o enfermos.
Además, se aprobó la ley de discapacidad, manteniendo la pensión no contributiva y el certificado único de discapacidad como requisitos.