Se expone una profunda crisis administrativa en el país, caracterizada por la falta de control y seguimiento sobre las partidas de fondos que el Estado Nacional envía a diversas provincias.
Según se detalla, una vez que los fondos son enviados, no existe trazabilidad ni supervisión, lo que genera discrecionalidad en su uso por parte de intendentes, políticos y ministerios.
Esta situación se agrava al no existir un control efectivo sobre el destino final del dinero, lo que pone en duda la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.