La acusación fiscal en el juicio oral y público señala a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner como jefes de una asociación ilícita destinada al lavado de activos y al apoderamiento de fondos públicos.
Máximo Kirchner es señalado como el organizador de esta banda criminal, que habría operado de manera estable y permanente desde 2003 hasta 2016. La estructura incluía divisiones de roles estratégicos y una ingeniería societaria para sustraer y lavar fondos estatales.