Los gobernadores denuncian un desfinanciamiento por parte del gobierno nacional, que se manifiesta en el incumplimiento de pagos y la presión para aprobar proyectos que responden a las necesidades de las provincias, pero que luego son desconocidos por el mismo gobierno.
Se menciona el caso de la Provincia de Buenos Aires, a la que se le adeudarian 10 mil millones de dólares, y se advierte que la justicia eventualmente deberá dar la razón a las provincias ante este desfinanciamiento autónomo del gobierno nacional.
Se critica la distribución de fondos discrecional, como los ATN, que dependen de las votaciones en el Congreso, calificando la situación de "cosa que no tiene nombre".