El gobierno de Axel Kicillof apeló una medida cautelar que suspendía el aumento de tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires, permitiendo la aplicación de los nuevos valores.
La Defensoría del Pueblo Bonaerense había solicitado la suspensión, y el juez Agustín López Coppola de Bahía Blanca la había concedido inicialmente.
La Fiscalía de Estado Provincial solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo, lo cual fue concedido por la Cámara de Apelación de Mar del Plata, permitiendo el cobro de tarifas más altas desde el 15 de octubre.
Se critica que el aumento se basa en una audiencia pública de 2016 y no en una reciente, a diferencia de las medidas del gobierno nacional, lo que podría hacerlo ilegal.