La Justicia ha atribuido a Máximo Kirchner delitos de lavado de dinero, considerándolo un engranaje clave en operaciones vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López.
Se le imputa haber intervenido en operaciones inmobiliarias y en la puesta a disposición de propiedades para el alquiler de Báez y López, sugiriendo que sin su participación las operaciones de lavado no se habrían concretado.
El patrimonio neto de Máximo Kirchner habría experimentado un incremento del 12.000% durante el período investigado, con la intervención de los mencionados empresarios.