El tribunal imputó a Máximo Kirchner por su presunta participación en una asociación ilícita que operó entre 2013 y 2016. Se le acusa de haberse dedicado a cometer delitos para sustraer fondos públicos mediante maniobras de defraudación y lavado de dinero.
Según la imputación, Kirchner habría diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos ilícitos entre 2009 y 2016. La justicia considera que estos fondos provenían del Estado y que fueron blanqueados para ser utilizados por la familia Kirchner.
La acusación fiscal detalló que el esquema habría comenzado en 2008 con la compra de la empresa Otesur por parte de Néstor Kirchner, quien habría aportado 5 millones de dólares en efectivo. Parte de este dinero habría sido trasladado por Osvaldo Sanfelice y el resto transferido desde una cuenta del Banco Santa Cruz.