La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que elimina la figura de presidente y crea la de "designados presidenciales".
Esta medida, criticada por la oposición y sectores afines al gobierno, es vista por algunos como un intento de establecer una sucesión dinástica.
Los designados presidenciales serán nombrados por los co-presidentes de la república, quienes ejercen el poder ejecutivo actualmente.