La oposición política expresa preocupación por el diseño del poder judicial y los nombramientos de jueces, sugiriendo que responden a un "blindaje" para el gobierno actual.
Se cuestiona la influencia del juez Maíquez en la acumulación de poder y se señala que los acuerdos en el Congreso para designar jueces, incluyendo los acordados con el kirchnerismo y el radicalismo, son parte de un proceso histórico de reparto de cargos.