Los inmigrantes en Estados Unidos enfrentan serias dificultades para acceder a representación legal en procesos de deportación, a diferencia de los casos criminales donde se provee abogado de oficio.
Los programas de asistencia legal para niños y familias inmigrantes han sido reducidos o eliminados, dejando a muchos sin la defensa necesaria para impugnar órdenes de deportación.
Los jueces de inmigración, antes enfocados en el interés superior del menor, ahora parecen priorizar las deportaciones, incluso cuando esto implica la separación de familias con niños ciudadanos estadounidenses.