Se genera un debate sobre las políticas de incentivo a la natalidad en España, contrastando con los beneficios otorgados a la población inmigrante.
Se plantea la preocupación de que los inmigrantes regularizados, al estar en el padrón electoral, puedan influir en los resultados políticos, mientras se discute la necesidad de medidas para fomentar la procreación entre los ciudadanos españoles.
Se mencionan propuestas como la reducción de impuestos por hijo y la ampliación de hipotecas para facilitar el acceso a la vivienda propia, buscando revertir la baja tasa de natalidad y emancipación juvenil.