Se generó un intenso debate sobre la relación entre el gobierno actual y las protestas, cuestionando si las acciones gubernamentales fomentan la violencia o si se trata de una represión a la protesta legítima.
Se discutió la aplicación de la ley de reforma laboral y su impacto en el derecho a manifestarse, contrastando diferentes interpretaciones sobre la legitimidad de las acciones policiales y las protestas.