Se debatió la complejidad de la responsabilidad penal y política en casos de corrupción, especialmente en relación con altos funcionarios.
Se cuestionó el nivel de involucramiento directo de un presidente en convenios de obras viales provinciales, argumentando que la responsabilidad administrativa recae en el jefe de gabinete según el orden jurídico.
Se planteó la diferencia entre responsabilidad política y penal, y se discutió la proporcionalidad de las penas, como la inhabilitación perpetua, en relación con los delitos cometidos.
Se mencionó la importancia de la defensa en los procesos judiciales y se criticó la tendencia a discutir política en lugar de cuestiones estrictamente procesales.